Entre los casos detectados figuran suministros a nombre de personas fallecidas, locales comerciales y viviendas ubicadas en barrios de alto poder adquisitivo.
El operativo de control fue llevado adelante por la EPE en coordinación con los ministerios de Desarrollo Productivo y de Economía. Como resultado, se identificaron múltiples situaciones que contradicen los criterios de elegibilidad de la Tarifa Social.
Por ejemplo, se hallaron propiedades en alquiler o en zonas residenciales de alto valor, donde los consumos eléctricos superaban ampliamente los niveles razonables para un hogar promedio.
En efecto, mientras que un hogar común consume entre 700 y 800 kW bimestrales, se registraron casos con consumos de hasta 6.500 kW, como ocurrió en una residencia con una factura superior a $1.400.000, de la cual el Estado provincial subsidió casi $450.000.
Asimismo, en Funes, un usuario pagó apenas $17.584 sobre una factura total de $720.000, obligando al Estado a cubrir más de $700.000.
Por otro lado, solo en un circuito de medición, durante el mes de abril, se detectaron 13 usuarios con consumos mayores a los 5.000 kW, con subsidios estatales que alcanzaron los $4.681.000.
Además, se encontraron beneficiarios inscriptos ante la Administración Provincial de Impuestos (ARCA) como Responsables Inscriptos, lo que indica que desarrollan actividades económicas formales y tributan en el régimen general.
Asimismo, surgieron casos donde la tarifa social continuaba activa a nombre de jubilados que ya no residían en los domicilios declarados.
