La Empresa Provincial de la Energía (EPE) inició un proceso de revisión del padrón de beneficiarios de la tarifa social y detectó múltiples irregularidades, desde consumos excesivos hasta titulares fallecidos o viviendas de alto valor económico.
En este contexto, la compañía estatal no solo excluyó a más de 15 mil usuarios del régimen subsidiado, sino que también comenzó a presentar denuncias ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Así lo confirmó este martes la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, quien afirmó: “Hemos cortado el beneficio de la tarifa social y tomado la decisión, al inicio de nuestra gestión, de denunciar cada irregularidad, sean usuarios formales o informales, frente al MPA a través de un trabajo que realizamos con nuestra área jurídica”.
Desde su llegada a la conducción de la empresa bajo el gobierno de Maximiliano Pullaro, Rodríguez dejó en claro que el enfoque será implacable: “No vamos a vacilar en las decisiones y procesos administrativos o judiciales que tengamos que llevar adelante. Es una situación gravosa, son ingresos públicos y una magnitud muy grande de recursos”.
El plan del Ejecutivo provincial implica que, además de ser excluidos del beneficio, quienes hayan incurrido en maniobras fraudulentas podrían enfrentar cargos judiciales.
