En los considerandos del decreto 534/2025, el Poder Ejecutivo argumentó que las iniciativas eran fiscalmente irresponsables y que incumplían la Ley de Administración Financiera al no especificar fuentes de financiamiento genuinas.
El decreto afirma que los tres proyectos en conjunto implicarían un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones de pesos en 2026. Sostienen que esto equivale a casi el 1% del PBI para este año y al 1,68% para el próximo, lo que “dificultaría el cumplimiento de las metas fiscales” y pondría en riesgo el equilibrio fiscal, al que califican como “innegociable”.
