Según precisó, el pedido incluye la apertura del procedimiento de remoción, la suspensión en el cargo y la acusación correspondiente, con el objetivo de lograr su destitución. La denuncia, patrocinada por la propia Carrió, se fundamenta en hechos que —según los denunciantes— configuran mal desempeño y posibles delitos en el ejercicio de la magistratura.
Entre las causales señaladas se destaca la decisión del juez de dictar una cautelar que prohibió la difusión de chats, fotos, audios y videos de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. “Dicha decisión implica lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y un avasallamiento de la libertad de expresión y del acceso a la información pública”, argumentaron.
También lo acusan de mantener una posible connivencia con el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, para encubrir procesos en su contra, lo que —de confirmarse— representaría “una violación flagrante de la independencia judicial y de la división de poderes”.
