La resolución favorece a Pedro García, docente de Física y Química en el Institut Infanta Isabel d’Aragó, quien en 2021 recibió la vacuna como parte del grupo de trabajadores esenciales.
Semanas después, García desarrolló una trombosis severa que lo mantuvo hospitalizado durante más de tres semanas, incluyendo una semana en cuidados intensivos.
El diagnóstico médico apuntó a una trombocitopenia trombótica inmune inducida por la vacuna Vaxzevria, una reacción reconocida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).
El profesor, quien entonces tenía 45 años, fue convocado a vacunarse en febrero de 2021, en plena campaña de inmunización nacional.
Según relató, la asignación de la vacuna se realizó en función de su rol laboral, lo que lo llevó a recibir AstraZeneca en lugar de otras alternativas disponibles para su grupo etario.
Tras presentar una demanda con el respaldo de un abogado especialista en Derecho Sanitario, el tribunal reconoció que existía un vínculo directo entre la vacunación y la actividad profesional del afectado.
El fallo, emitido el pasado 17 de marzo, establece que las secuelas médicas sufridas por García deben ser tratadas como accidente laboral y no como enfermedad común, lo que implica beneficios adicionales en términos de cobertura y protección social.
Actualmente, García continúa bajo seguimiento médico debido a la obstrucción permanente de la vena que conecta con el hígado. Aunque su estado funcional es estable, los especialistas advierten que podrían surgir complicaciones en el futuro.
Por último, este fallo abre la puerta a nuevas reclamaciones por parte de otros trabajadores esenciales que hayan sufrido efectos adversos similares, y plantea un precedente.
