Según el detalle que brindó Guillermo Francos, el piso mínimo de empleados con discapacidad se cumple o supera solamente en 14 de las 138 reparticiones informadas. Ningún ministerio figura en ese listado.
Los problemas en la inclusión laboral de las personas con discapacidad no solo se encuentran en la administración pública nacional, sino también en provincias y municipios.
“En ATE también estamos exigiendo que el cupo se respete en los estados provinciales y municipales, pero nos encontramos con los mismos escollos. Si bien no ha habido cesantías, tampoco se ha logrado que cumplan. En algunas jurisdicciones no existe legislación o varía el cupo con respecto a la ley nacional”, afirmó Aguiar.
Por su parte, Ermelinda Garbini, titular de la Dirección de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo de CABA, señaló: “El cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad no se ha alcanzado de manera generalizada en Argentina, ya que la mayoría de las jurisdicciones, tanto a nivel nacional como provincial, no logran alcanzar el 4% de contratación establecido por la ley. Si bien existen avances y esfuerzos por parte del Estado para cumplir con esta normativa, la realidad muestra un déficit importante en la inclusión laboral de personas con discapacidad”.
En esa línea, explicó que a pesar de la obligación estatal de asegurar a las personas con discapacidad su derecho a trabajar, la legislación existente carece de mecanismos, tanto de promoción o incentivos como de fiscalización del cumplimiento efectivo de estas políticas de inclusión.
“Esta situación genera que quede en la voluntad de los funcionarios de las áreas (en el Estado), o en los directivos de las empresas (en el ámbito privado), el cumplir o no con esta legislación”, completó.
