El presidente de la Comisión, Joaquín Blanco, explicó que “cada vez son más los santafesinos que requieren un segundo ingreso para poder sostenerse”, y advirtió que el fenómeno atraviesa tanto a trabajadores formales como informales.
“Esto va acompañado por un aumento de la precarización laboral. Uno de cada dos jóvenes que trabajan está precarizado, y cuatro de cada diez mujeres se encuentran en la misma situación”, señaló.
El estudio también destaca el crecimiento de la llamada “economía de subsistencia”, que incluye el autoempleo en condiciones precarias: trabajo mediante aplicaciones, venta de alimentos caseros, producción artesanal y participación en ferias informales o “saladitas”.
“Son estrategias que muchas familias adoptan para sobrevivir, pero que reflejan el deterioro del mercado laboral formal y la pérdida del poder adquisitivo”, remarcaron desde la Comisión.
El impacto económico se extiende a otros ámbitos. El consumo en supermercados cayó un 15% en comparación con 2024, lo que muestra que los hogares redujeron la compra de alimentos básicos.
A la vez, la demanda en el sistema de salud pública creció un 40%, ya que cada vez más personas pierden su cobertura médica o no pueden afrontar los costos de una prepaga.
“Son señales muy claras de que las familias están ajustando en todos los frentes: alimentación, salud y condiciones laborales”, afirmó Blanco durante la presentación del informe.
El documento advierte que esta crisis laboral no es un hecho aislado, sino parte del contexto económico nacional, aunque en Santa Fe la combinación de precarización, pérdida de ingresos y caída del consumo configura un escenario particularmente complejo.
El desafío —coincidieron los legisladores— será impulsar políticas activas de empleo y protección social que reviertan la tendencia y garanticen condiciones de trabajo dignas para todos los santafesinos.
