Con esta decisión, el Congreso de la Nación garantiza la vigencia de la norma, que establece un mecanismo de actualización presupuestaria para las universidades públicas. Asimismo, su puesta en marcha no compromete fiscalmente al Estado, ya que establece de donde salen los recursos y afecta sólo un pequeño porcentaje del PBI.
Bartolacci resaltó que la ley no solo corrige problemas del pasado, sino que es fundamental para las gestiones futuras, especialmente ante la crisis presupuestaria.
"Muchas veces el presupuesto fue insuficiente y los salarios estuvieron mal. No es la primera vez que sucede. Es tan cierto eso como que nunca la situación fue tan delicada como ahora. Hay una pérdida en términos reales de presupuesto del 40 por ciento en un año y medio", dijo para describir el estado actual de las Universidades.
Frente a este panorama, la ratificación de la ley significa primero "un reconocimiento a lo que las comunidades científicas y universitarias venimos planteando con mucha responsabilidad, y con ello una respuesta".
Además de ser “un instrumento legal para exigir la actualización de presupuesto y salarios que se precisa".
La ley es también una base para el futuro del sistema: "La ley sienta una base para discutir el presupuesto 2026 y en adelante, sustancialmente distinto a la que se había fijado en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso".
Bartolacci enfatizó que la norma "implica encontrar una solución real a los problemas estructurales que estamos atravesando, además de ser importante porque repara hacia atrás pero sobre todo porque genera un piso muy distinto hacia adelante”.
