Pasado el mediodía, los trabajadores tomaron la Dirección contra el exiguo aumento y los últimos descuentos por los días de paro. "Se trata de un accionar violento y extorsivo, absolutamente inadmisible en un hospital público y de referencia pediátrica nacional y regional", respondieron las autoridades en un comunicado y denunciaron "una maniobra política con el objetivo de paralizar la gestión", en otro capítulo más en su historial de ofensas contra el personal.
La decisión que apareció hoy en el BO responde a la presión de la Ley 27.796, que declaró la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en residencias médicas por el término de un año. La normativa, que fue ratificada por el Congreso el 2 de octubre, tras rechazar los vetos de Milei, fue promulgada hace diez días.
Sin embargo, el Gobierno nunca la aplicó, al igual que con la ley que declara la emergencia en discapacidad, porque le pidió al Poder Legislativo que defina de dónde saldrán las partidas para financiar los gastos.
El fundamento se basa en una legislación de 1996 que condiciona la elevación de partidas para presupuestos vigentes, mientras que del otro lado responden que, justamente, no hay un presupuesto vigente, sino una prórroga del 2023. Esto inhabilita el pedido de La Libertad Avanza para justificar el origen de los fondos.
En la resolución, el Ejecutivo indicó que "tiene la voluntad de atender, dentro de las disponibilidades presupuestarias actuales, las necesidades tenidas en cuenta por el Congreso al sancionar la referida ley”.
Por eso, definió “readecuar las partidas presupuestarias en los términos del análisis elaborado por el Ministerio de Salud” y determinó que los aumentos se compensen “con una disminución de los créditos asignados a la Jurisdicción 91 – Obligaciones a cargo del Tesoro” de unos de 35.832 millones de pesos. El número luce grandilocuente pero esconde lo peor del ajuste.
