El modelo busca atraer inversión privada para el mantenimiento y la ampliación de la infraestructura vial, pero el costo recaería directamente sobre los usuarios.
En la práctica, los conductores que recorran largas distancias —transportistas, turistas o trabajadores— deberán enfrentar una carga económica mucho mayor que la actual.
Los defensores del proyecto argumentan que la iniciativa permitirá financiar obras y mejorar la seguridad vial sin depender de fondos públicos.
Sin embargo, críticos advierten que el incremento en la cantidad de peajes y en las tarifas podría encarecer los costos logísticos y de transporte de mercancías, afectando la competitividad de las economías regionales.
Según estimaciones del sector, las nuevas concesiones incluirían tramos donde actualmente no existen peajes y elevarían los valores en los corredores más transitados. Si bien se prevén mejoras en la señalización, repavimentación y mantenimiento de rutas, aún no hay garantías de que los ingresos recaudados se traduzcan en mejoras proporcionales.
Empresarios del transporte y organizaciones de usuarios reclaman una revisión del esquema y un mayor equilibrio entre inversión privada y tarifas accesibles. También solicitan que se garantice la transparencia en la adjudicación de contratos y el control efectivo de las obras.
De concretarse sin modificaciones, el nuevo sistema vial podría convertir a Argentina en uno de los países de Sudamérica con mayor densidad de peajes por kilómetro recorrido, lo que reabre la discusión sobre la necesidad de un modelo de infraestructura sustentable y equitativo.
