Según el ente de control, el balance cerrado al 30 de junio de 2025 registraba un pasivo superior a los 24 millones de dólares. Sin embargo, los cinco meses posteriores agravaron considerablemente el panorama: con un déficit que oscila entre 600.000 y 700.000 dólares mensuales y el ajuste de deudas impagas, la cifra total asciende hoy a 30 millones de dólares.
La mayoría de esas obligaciones están nominadas en moneda extranjera y —según se remarca— no fueron informadas con claridad respecto a su exigibilidad.
La fiscalizadora detalló que los incrementos más significativos se dieron en remuneraciones (81%), fútbol profesional (40%), cheques diferidos (40%) y proveedores.
Paralelamente, los ingresos cayeron de manera marcada en casi todas las áreas: cuotas, abonos y palcos (-10%), concesiones (-88%), venta de entradas en día de partido (-91%) y marketing. A esto se suma un déficit importante en actividades del club: 157 millones de pesos en el colegio y otros 90 millones en deportes amateurs.
La única señal positiva fue un incremento en los derechos televisivos, aunque se advirtió que esos ingresos ya están cedidos hasta junio de 2026, por lo que no representan un alivio inmediato.
La comisión fiscalizadora advirtió que la gestión entrante —que asumirá tras las elecciones del 14 de diciembre— se encontrará con deudas exigibles en áreas sensibles: fútbol profesional, salarios, remuneraciones, compensaciones por locaciones de servicios, proveedores y compromisos bancarios.
A su vez, los fiscalizadores Alfonso Quaranta y Carlos Alonso presentaron una nota formal a la comisión directiva solicitando un informe económico-financiero completo del período comprendido entre el 1° de julio y la actualidad, junto con extractos bancarios, contratos, recibos, cheques y toda documentación respaldatoria.
