El documento, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno e Innovación Pública Fabián Bastia, consta de ocho artículos y un anexo con diez puntos donde se detallan los alcances, principios y responsabilidades de aplicación.
Qué establece el protocolo
El texto define a la inteligencia artificial (IA) como “sistemas basados en máquinas que pueden, para un conjunto determinado de objetivos definidos por humanos, hacer predicciones, recomendaciones o tomar decisiones que influyan en entornos reales o virtuales”.
En tanto, la inteligencia artificial generativa (IAG) es conceptualizada como “sistemas de IA cuyo propósito principal es la generación de contenido nuevo —texto, imagen, audio, código u otros formatos— a partir de patrones y estructuras de datos de entrenamiento”.
El decreto también incorpora precisiones sobre el manejo de datos personales y datos sensibles, que deberán resguardarse bajo criterios éticos y de confidencialidad.
En este sentido, considera datos sensibles aquellos referidos a origen étnico, creencias religiosas, afiliación sindical, salud, orientación sexual, y datos genéticos o biométricos cuyo uso indebido pueda derivar en discriminación.
La Secretaría de Tecnologías para la Gestión será la autoridad de aplicación y estará a cargo de dictar las normas complementarias, elaborar guías de buenas prácticas, coordinar instancias de capacitación obligatoria y evaluar la evolución del marco normativo frente a los avances tecnológicos.
El decreto dispone que todo el personal público que utilice IA deberá aprobar programas de formación sobre el uso ético y responsable de estas herramientas.
Para ello, se implementará un Plan Anual de Capacitación que abarcará aspectos técnicos, riesgos, principios éticos y legislación vigente.
Además, el texto promueve la construcción de una cultura crítica, responsable y colaborativa en torno al uso de la inteligencia artificial dentro de la administración pública.
