La normativa fija un límite máximo de 120 metros cuadrados para la vivienda donde se cumpla la pena; la prohibición de amenities de lujo o de cualquier condición que transforme la condena en un privilegio; y un régimen de visitas idéntico al penitenciario, junto con la prohibición del uso de celulares e internet, salvo excepciones estrictamente justificadas.
El proyecto también prevé monitoreo electrónico obligatorio, controles sorpresivos, revocación inmediata del beneficio ante cualquier incumplimiento y la creación de un registro público para garantizar mayor transparencia en la ejecución de las penas.
