"Ninguna bomba causa lo que causa esta sustancia. Entre 200.000 y 300.000 personas mueren cada año. ¡Que nosotros sepamos! Por lo tanto, clasificamos formalmente el fentanilo como arma de destrucción masiva", declaró el mandatario desde la Casa Blanca.
El anclaje de esta declaratoria se halla en la Convención sobre Armas Químicas, que entró en vigor en 1997 y prohíbe explícitamente "el desarrollo, la producción, el almacenamiento, la transferencia y el empleo de armas químicas, y se dispone además la destrucción de estas armas en un plazo de tiempo específico".
Aunque el fentanilo no ha sido clasificado oficialmente por las Naciones Unidas dentro de esta categoría, Trump se atribuyó la autoridad de hacerlo y justificar con ello cualquier acción que sea presentada como una necesidad frente a un crimen considerado universalmente como de extrema gravedad.
En la misma comparecencia, el líder estadounidense presumió de los éxitos del uso de la fuerza militar para combatir a los cárteles en las aguas del hemisferio, que se ha saldado con más de 20 bombardeos sobre pequeñas embarcaciones y la muerte de más de 80 personas sindicadas sin pruebas de ser narcotraficantes y reiteró que EE.UU. atacará por tierra blancos del narcotráfico.
"La droga que llega por mar ha disminuido un 94 %. Y estamos tratando de averiguar [de] quién es el otro 6 %. Pero han disminuido un 94 %. Y vamos a empezar a atacarlos [a los cárteles] por tierra, lo cual es mucho más fácil, francamente", dijo al respecto.
Ninguna de las dos cosas puede considerarse como un anuncio aislado; antes bien, se articulan con la política de EE.UU. para garantizar su hegemonía en el hemisferio occidental, incluso si ello entraña el uso de medios bélicos y al margen del derecho internacional.
Horas más tarde, la Casa Blanca publicó la orden ejecutiva en la que se declara al fentanilo como "arma de destrucción masiva".
En la presentación se argumenta que el opioide sintético representa una "amenaza contra la seguridad nacional", lo que de acuerdo con lo contemplado en las leyes locales, le da carta blanca a Washington para tomar las medidas que considere necesarias para protegerse de aquello que ha sido designado como un peligro.
"La fabricación y distribución de fentanilo, principalmente a cargo de redes criminales organizadas, amenaza nuestra seguridad nacional y fomenta la anarquía en nuestro hemisferio y en nuestras fronteras.
La producción y venta de fentanilo por parte de organizaciones terroristas extranjeras y cárteles financia las operaciones de estas entidades —que incluyen asesinatos, actos terroristas e insurgencias en todo el mundo— y les permite socavar nuestra seguridad nacional y el bienestar de nuestra nación", se lee en los alegatos presentados por Trump como prolegómeno al decreto.
