Luego de que Donald Trump confirmara la aprehensión de Nicolás Maduro, quien fue interceptado en el marco de un megaoperativo militar que implicó el lanzamiento de explosivos en Caracas y alrededores, la cúpula chavista desplegó su arsenal diplomático y no titubeó en solicitar apoyo a Naciones Unidas.
Mediante un comunicado firmado por Delcy Rodríguez, y difundido por el canciller venezolano Yván Gil Pinto, el país caribeño solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU convocar a una reunión inmediatamente para intervenir en las caóticas circunstancias.
La nota, presentada el 3 de enero, mismo día en que el líder chavista fue apresado, halló eco y las autoridades correspondientes convocaron este lunes a los integrantes del organismo, encargado de velar por la paz mundial y el cumplimiento de las normativas internacionales, a sesionar para tratar la cuestión de Venezuela.
Programada para las 10 a.m. (Nueva York), la instancia de debate dio inicio con la marcada presencia de naciones latinas, como fue el caso de Brasil, México, Chile, Colombia, Cuba, Nicaragua, Panamá, Argentina y Paraguay, que, llamativamente, se diferenciaron en su opinión acerca de la brutal intervención que habría dejado un saldo de, al menos, 40 fallecidos.
En el caso de Brasil, su representante tildó el operativo como una «flagrante violación a la Carta de las Naciones Unidas» y afirmó que, con los bombardeos y el secuestro de Maduro, Norteamérica rebasó un límite inaceptable.
Por ello, exigió a la plataforma hacer valer el derecho internacional por sobre la «ley de la fuerza» y respetar la autonomía, la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano. Con una postura más crítica, Chile aseguró que las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen no pueden ser resueltas por vía militar.
Por su parte, México abogó por encauzar el conflicto hacia las vías del consenso pacífico y del diálogo, para prevenir que la escalada de violencia perjudique irremediablemente la paz y la estabilidad de la región.
Marcando distancia del posicionamiento de los países mencionados, Argentina y Paraguay, ambas regidas por gobiernos conservadores, ratificaron su inclaudicable respaldo a la cruzada antinarco de Donald Trump y aprobaron la detención de Maduro como un acto de legítima justicia.
Francisco Tropepi, embajador argentino ante la ONU, reivindicó el carácter dictatorial del gobierno chavista y apoyó la aprehensión de su líder por considerarlo cabecilla de organizaciones narcoterroristas, que azotaron con su violencia a Suramérica y Centroamérica.
Mientras que el representante paraguayo abogó por el inicio de la transición democrática en Venezuela, conservando el respeto por la voluntad popular expresada en junio de 2024 en los comicios presidenciales, y pidió además por la liberación de los presos políticos.
