A través de un documento enviado al Ejecutivo local, la entidad defendió la validez de aquel certamen y advirtió que la decisión municipal debilita las reglas de transparencia y genera incertidumbre en el colectivo profesional.
El eje del conflicto radica en la continuidad jurídica de un proceso que ya contaba con un contrato ratificado por decreto y una licitación en marcha, la cual fue frenada en 2020 por la gestión provincial anterior. El proyecto original, diseñado por un estudio de jóvenes arquitectos cordobeses, contemplaba una ampliación de 3.800 m² bajo estándares internacionales.
En contraste, la propuesta que ahora impulsa la Municipalidad reduciría la superficie a unos 1.500 m², enfocándose principalmente en áreas de reserva y depósito, pero dejando fuera salas de exposición de gran escala y espacios educativos esenciales.
Desde el Colegio de Arquitectos calificaron la nueva iniciativa como un proyecto «recortado» y cuestionaron soluciones técnicas del diseño municipal, como el uso de cubiertas verdes, por considerarlas riesgosas para la seguridad de la colección pictórica ante posibles filtraciones.
Además, recordaron que las grandes obras de Rosario, como el Monumento a la Bandera o el Pasaje Juramento, han sido fruto de concursos públicos que trascendieron mandatos políticos. Por otra parte, señalaron que el caso se encuentra en instancia judicial debido al incumplimiento en el pago de honorarios a los ganadores del certamen de 2017.
