A través del Decreto 50/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro Manuel Adorni, se derogó el Decreto 828/84 y se disolvió la histórica Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas.
La medida busca "adecuar los criterios a las transformaciones culturales y tecnológicas" y agilizar los procesos administrativos que, según los considerandos de la norma, generaban demoras innecesarias.
Hasta hoy, la calificación de aptitud de un filme (ATP, +13, +16, +18) requería un dictamen obligatorio de una comisión colegiada.
Con el nuevo régimen, esa responsabilidad recaerá exclusivamente en el Incaa, que asumirá la competencia técnica para definir las categorías orientativas para el público.
El decreto argumenta que la Comisión Asesora "no ha demostrado la eficiencia necesaria" y que su estructura rígida dificultaba la dinámica del sector audiovisual.
A partir de ahora, el Estado mantendrá un rol "orientativo", reafirmando que la responsabilidad primaria sobre el consumo de contenidos por parte de menores recae en los padres o tutores.
