El fallo, adoptado por seis votos contra tres y redactado por el presidente del tribunal, el juez conservador John Roberts, invalida uno de los pilares económicos del segundo mandato republicano.
El tribunal confirma así lo resuelto por instancias inferiores y determina que el uso de la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) —una norma de 1977— excede la autoridad presidencial cuando se emplea para imponer gravámenes generalizados sin aval del Congreso.
En su opinión, Roberts sostiene que el presidente debe señalar una “autorización clara del Congreso” para justificar una medida de tal magnitud. Y concluye que en este caso no puede hacerlo.
La decisión reafirma un principio estructural del sistema estadounidense: la facultad de establecer impuestos y aranceles corresponde al Congreso.
Aunque la IEEPA permite al presidente regular el comercio en caso de emergencia nacional, la ley no menciona explícitamente la potestad de imponer aranceles.
Trump se convierte en el primer mandatario en utilizar esa norma con ese fin. Históricamente, la IEEPA se emplea para sanciones económicas o congelamiento de activos, no para rediseñar el esquema arancelario global.
