La Iglesia Argentina sentó posición sobre el actual debate por el proyecto de ley de baja de la edad de imputabilidad que se intensificó tras el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe.
Al respecto, la Conferencia Episcopal Argentina difundió un comunicado en donde critica que que este enfoque sea la "única respuesta del Estado frente a situaciones dolorosas que conmueven a la sociedad".
El debate público se incrementa a pocos días de que el Congreso debata - en sesiones extraordinarias - el proyecto de Régimen Penal Juvenil impulsado por el gobierno de Javier Milei.
La estrategia del oficialismo legislativo apunta a presentar un nuevo proyecto respaldado en la redacción del texto que alcanzó dictamen el año pasado, pero con un cambio sustancial: la baja de la edad punible de 14 a 13 años.
“Deseamos compartir algunas reflexiones ante propuestas que presentan la baja de la edad de imputabilidad como única respuesta del Estado frente a situaciones dolorosas que conmueven a la sociedad", plantea en su inicio el documento difundido por la Iglesia.
El texto -firmado por los arzobispos de Mendoza, Córdoba, Jujuy y San Isidro-, advierte que el foco casi exclusivo en el castigo penal desplaza del centro del debate a las herramientas que consideran verdaderamente eficaces.
En ese sentido, sostienen que “centrar el debate casi exclusivamente en la pena suele dejar en segundo plano aquello realmente necesario: lo que previene, educa y acompaña”.
Desde la Conferencia Episcopal remarcan que reducir la discusión a la edad de imputabilidad implica desconocer la complejidad del problema.
“Una discusión centrada únicamente en la edad de los menores involucrados corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja que interpela a la familia, a la escuela, a la comunidad y al Estado”, señalaron.
Más adelante, el comunicado retoma un posicionamiento previo expresado en marzo de 2025, cuando la Iglesia ya había cuestionado la iniciativa.
Allí, los obispos vuelven a plantear interrogantes sobre las consecuencias prácticas de una eventual reforma: “Si se concreta la baja de la edad de imputabilidad, ¿dónde van a recluir a los menores? ¿Cuáles son los dispositivos apropiados en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen? ¿Qué alternativas reales tenemos para ofrecerles, educarlos y reinsertarlos socialmente? Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios. ¿En serio creemos que esa es la solución?”.
A partir de ese diagnóstico, el documento fija una de sus conclusiones centrales: “Es imprescindible un régimen penal juvenil y adolescente que tenga una mirada humana, integral y abierta a la esperanza”.
En línea con la tradición salesiana y al recordar los 150 años de su presencia en el país, la Iglesia vuelve a enfatizar un enfoque alternativo.
“A la luz de su legado y de los 150 años de presencia salesiana en la Argentina, desde la Iglesia insistimos en una propuesta positiva: educar, acompañar y prevenir”, subrayaron.
El texto también pone el acento en el rol de las políticas públicas y del entramado social.
“El desafío es fortalecer políticas educativas y comunitarias que construyan futuro, más que debates que profundizan divisiones", indicaron.
En el cierre, el comunicado reafirma una visión integral del problema y de su abordaje: “Reafirmamos que la verdadera prevención nace del cuidado compartido: de familias acompañadas, de comunidades comprometidas, de un Estado presente y de una sociedad que no se resigna a perder a sus niños y jóvenes”.
