Adicionalmente parece ser una determinación que implica el traslado de un costo que hoy estaba en manos de los empresarios hacia los bolsillos de los trabajadores.
El sistema de obras sociales se financia actualmente a través de un esquema contributivo compuesto por un aporte del trabajador del 3% de su remuneración y una contribución del empleador del 6%, lo que totaliza un 9%.
La reforma propone reducir la contribución patronal al 5%, llevando el financiamiento total al 8% (3% + 5%).
Un informe elaborado por Santiago Quintana, un Sociólogo especialista en Sistemas de Salud señala que "tomando como referencia una masa salarial anual estimada en aproximadamente 99 billones de pesos, la baja de un punto porcentual representa una pérdida cercana a los $994.000 millones anuales para el conjunto de las obras sociales sindicales".
"Se trata de una merma estructural y permanente, derivada de una decisión normativa, independiente del ciclo económico o del desempeño individual de cada entidad", detalla Quintana.
La merma directa se combina con un contexto de caída salarial de los últimos años que redujo la cápita respecto del aumento de precios por haberes que quedan por debajo de la inflación y con el proceso de "descreme" que se fue dando desde que se habilitó la libre derivación de aportes, que elimina la intermediación obligatoria de las obras sociales sindicales.
