Señalan que la reforma propuesta por el Ejecutivo y tratada en el Congreso Nacional “incumple” la normativa vigente y compromete la estabilidad financiera de las casas de estudio públicas.
Desde el gremio calificaron la situación como de “extrema gravedad institucional”, en un contexto que también incluye lo que consideran una “reforma laboral regresiva” y dificultades para aplicar la ley vigente.
En ese sentido, advirtieron que el Gobierno “judicializa para no cumplir con una medida cautelar dictada por el Poder Judicial Federal que lo obliga a aplicarla integralmente”, lo que, según Coad, agrava el deterioro salarial y el funcionamiento de las universidades públicas.
La controversia se da justo cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso un nuevo proyecto para modificar la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
La iniciativa oficial busca atar parte del presupuesto al índice de inflación, establecer recomposiciones salariales y prever fondos para hospitales universitarios, además de garantizar paritarias obligatorias cada tres meses, según lo detallado por fuentes parlamentarias. Sus impulsores sostienen que la modificación permitirá “garantizar el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública”.
