La decisión de los trabajadores no responde a una resolución del conflicto de fondo, sino a la estricta necesidad de adecuarse a la Ley de Esencialidad, que exige que toda medida debe ser anunciada con una anticipación de, al menos cinco días.
Dicha normativa establece protocolos específicos para los servicios públicos y uno de ellos es el Preaviso obligatorio, por el cual debe comunicarse la medida con una antelación mínima de cinco días naturales.
En cuanto a los Servicios públicos y en casos de afectación directa a servicios esenciales, este plazo puede extenderse hasta los diez días.
Bajo este rigorismo legal, los representantes sindicales han proyectado el lunes 9 de febrero como la fecha probable para la concreción del cese total de actividades por 24 horas.
No obstante, el gremio se ha declarado en Estado de Asamblea Permanente y Afectación Inmediata, por lo que pese a la postergación del paro general, la operatividad en las terminales aéreas puede no ser del todo normal, debido a la realización de asambleas permanentes en diversas terminales del país, lo que podría generar interrupciones parciales y demoras en la programación de los vuelos.
Esta modalidad afecta áreas críticas como el Control terrestre y los servicios administrativos, el accionar del Cuerpo de bomberos y de sanidad aeroportuaria, así como la Inspección operativa de pista.
El foco de la disputa radica en el incumplimiento de acuerdos previamente establecidos entre el sector trabajador y los organismos estatales. Según denuncian los referentes gremiales, se ha producido una marcha atrás en la liquidación de haberes que ya incluía un incremento pactado.
