El organismo reclamó la sanción de una Ley de Justicia Penal Juvenil integral, especializada y basada en evidencia, que mantenga la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años y priorice medidas socioeducativas por sobre el castigo punitivo.
A través de un documento que fue difundido este lunes, Unicef remarcó que niños, niñas y adolescentes atraviesan procesos de maduración incompletos que afectan su capacidad de comprender plenamente las consecuencias de sus actos.
Esa diferencia –respaldada por estudios en neurociencia y desarrollo infantil– es la base del principio de inimputabilidad y del diseño de regímenes penales diferenciados, orientados a la responsabilización progresiva y no a la equiparación con el sistema de adultos.
En su Observación General 243, el Comité de los Derechos del Niño menciona que “por su proceso de maduración y de formación incompletos, los niños y adolescentes son vulnerables y pueden ser víctimas de grupos armados no estatales o grupos criminales y sufrir múltiples formas de violación, como ser reclutados, llevar a cabo ejecuciones; ser objeto de secuestro, venta, trata de personas o explotación sexual; ser utilizados para el transporte o la venta de drogas”.
“Esta diferencia en el desarrollo madurativo y la adquisición de capacidades es la que fundamenta, entre otras, la prohibición para el consumo de alcohol, la edad para manejar o la posibilidad de incorporación a las fuerzas de seguridad“, agrega el documento.
