Las provincias habilitadas para iniciar estos procesos de administración, reparación y conservación son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.
El objetivo de la medida es descentralizar las funciones operativas y permitir que los gobiernos locales gestionen la infraestructura vial de forma directa.
La disposición fue establecida mediante el Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial de la República Argentina.
El texto aclara que esta delegación de facultades es de carácter "funcional, limitado, temporal y revocable".
