A través de sus redes sociales, Pagano expresó su rechazo categórico a la medida y vinculó este accionar con los periodos más sombríos de la historia argentina. En un mensaje cargado de dureza, la diputada fundamentó su decisión de llevar al mandatario ante la Justicia basándose en la defensa de la libertad de prensa.
En primer lugar, la experiodista subrayó que la sede del Poder Ejecutivo no pertenece a la administración de turno.
«La Casa Rosada no es propiedad privada y mucho menos un mandatario ni sus funcionarios esbirros pueden decidir si a dicho edificio puede acceder la prensa», sentenció.
Pagano lamentó que se tratara de un hecho «inédito» y emarcó que una restricción de este tipo no se había registrado desde el retorno de la democracia en 1983, alertando sobre la gravedad institucional que implica filtrar el acceso a los trabajadores de prensa.
Para la diputada, impedir el trabajo de los acreditados es una señal peligrosa. «La prohibición del ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas es el primer paso para silenciar cualquier voz disidente», advirtió.
