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La Coalición Cívica denuncia privilegios y tráfico de influencias con los créditos del Banco Nación

 



La diputada nacional Mónica Frade, de la Coalición Cívica, calificó como “depravado desde lo ético” que el Banco Nación haya otorgado millonarios créditos hipotecarios a funcionarios y legisladores oficialistas y dijo que esto demuestra “que la narrativa del Gobierno contra los privilegios y la casta es falsa”. 

Frade recalcó que presentó en la Justicia una denuncia para que se esclarezca si existió “tráfico de influencias” entre quienes recibieron los créditos y quienes los otorgaron. 

La legisladora, fustigó además al ministro de Economía, Luis Caputo, quien en un programa televisivo emitido este domingo, dijo que él animó a sus funcionarios a que tomen los créditos y definió a los préstamos hipotecarios brindados como “la mayor justicia social”. 

“El presidente dice que la justicia social es un robo y él (por Caputo) habla de justicia social, la verdad es que son raros”, señaló aludiendo a los funcionarios del Gobierno. En su denuncia penal Frade solicita “que se revisen todas las carpetas crediticias, porque de ahí surgirá en qué tiempo se otorgaron, cuáles fueron las garantías y los requisitos que se pidieron, y por supuesto las actas de directorio para saber cómo se aprobaron esos créditos”. 

Como ejemplo, la parlamentaria mencionó a Sarif Menem, sobrino del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, “un chico de 24 años con un cargo político”, que al momento de recibir el crédito por 357 millones de pesos percibía en el Congreso un sueldo mensual de dos millones. 

Precisó La Nación que la denuncia de Frade recayó en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti e involucra al ex presidente del Banco Nación Daniel Tillard y beneficiarios de los créditos. 

En simultáneo, también presentó una denuncia penal el abogado Alejandro Díaz Pascual, que por sorteo quedó en manos del juez Daniel Rafecas, y que también tiene como señalado a Tillard y en este caso también a Juan Ernesto Curuchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central. 

Detalla la citada nota de La Nación que los presuntos delitos denunciados son “defraudación por administración fraudulenta”, “defraudación contra la administración pública”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”.


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