El caso de Liliana Franco, con más de 30 años de cobertura en el lugar, se volvió uno de los más emblemáticos por su trayectoria y por el contexto en el que se produjo la medida.
La situación se originó tras una denuncia de un consorcio de medios —que luego fue retractada— que vinculaba a algunos cronistas con presuntas operaciones de desinformación.
Sin embargo, la restitución de los permisos no fue uniforme, lo que despertó cuestionamientos dentro del propio sector.
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Franco describió el impacto personal y profesional de la medida: “Estoy exilada, no puedo entrar en la Casa Rosada. Es algo increíble y muy serio”.
La periodista explicó que la restricción se mantiene a pesar de que la denuncia original perdió sustento: “El consorcio de medios se retractó, pero la acreditación no aparece”.
Según relató, el Gobierno aplicó la medida de forma desigual: “El lunes se les retiró a todos los medios mencionados, pero ese mismo día por la tarde ya le habían levantado la restricción de forma discrecional a dos empresas y, al día siguiente, a una tercera”.
En ese sentido, remarcó que decidió hablar públicamente al notar que no se trataba de una norma general: “Cuando fue para todos mientras se aclaraba la situación no dije nada, pero cuando vi que era 'a dedo', ahí sí”.
Franco también marcó diferencias dentro del gremio y cuestionó las generalizaciones: “No somos todos lo mismo. Hay gente que dice ser colega con la que yo no me siento identificada”.
Y agregó que este tipo de decisiones termina afectando a quienes ejercen el oficio con compromiso: “Nos desacreditan a nosotros, que amamos esta profesión”.
La periodista sostuvo que el problema trasciende su caso personal: “La noticia no es que Liliana Franco no puede ingresar a la Casa Rosada.
La noticia es que el presidente considera que la mayoría del periodismo es 'basura humana'”. Para ella, ese posicionamiento “es muy dañino para la democracia”.
