El juez federal de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud que normalicen la cadena de pagos a prestadores en un plazo de 72 horas, tras constatar demoras que ya impactan en la continuidad de tratamientos y en la provisión de medicamentos.
La medida cautelar, que se enmarca en un amparo colectivo, tendrá vigencia por seis meses o hasta que exista una sentencia definitiva.
El caso involucra a titulares de pensiones no contributivas con Certificado Único de Discapacidad, un universo particularmente vulnerable dentro del sistema sanitario.
En este contexto, la resolución judicial no solo expone fallas administrativas, sino que pone en el centro del debate la sostenibilidad financiera y operativa de los programas públicos de salud.
El fallo del magistrado se sustenta en una serie de evidencias presentadas por prestadores que denuncian falta de pagos y consecuencias directas sobre la atención.
Según el expediente, las demoras generaron interrupciones en terapias para niños, adultos mayores y personas con discapacidad, así como la suspensión en la entrega de medicamentos durante al menos tres meses.
