El conflicto tiene su origen en la reestatización de Aerolíneas Argentinas durante la presidencia de Cristina Kirchner, cuando la compañía estaba bajo control del grupo español Marsans.
La estrategia del fondo apunta a hacer efectivo el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), luego de que el país no haya realizado pagos vinculados a esa sentencia durante el último año y medio.
Ante esa situación, Titan decidió avanzar con mecanismos judiciales en territorio estadounidense para asegurar el cobro.
Más de 1.600 delegados gremiales aprobaron un programa sindical con eje en salario digno y distribución de la riqueza.
Según explicó el analista Sebastián Maril, uno de los aspectos más relevantes del planteo es la intención de obtener prioridad sobre activos financieros argentinos, en particular los colaterales de los Bonos Brady depositados en la Reserva Federal de Nueva York. Esta movida se produciría incluso después de los acuerdos recientes alcanzados por el Gobierno con otros fondos litigantes, como Attestor y Bainbridge.
