La investigación está vinculada a una presunta relación con una adolescente de 15 años que habría quedado embarazada durante el período en que Morales ejerció la presidencia de Bolivia, entre 2006 y 2019.
En la causa también están acusados los padres de la menor, señalados por supuestamente haber permitido la relación a cambio de beneficios políticos y económicos.
Según se informó, la resolución judicial incluye una orden de captura y arraigo.
La madre de la adolescente fue declarada prófuga, mientras que el padre permaneció más de un año detenido.
La defensa del exmandatario había anticipado que Morales no asistiría a la audiencia porque considera que se trata de una “persecución política” y denunció irregularidades en el proceso judicial. Su abogado, Wilfredo Chávez, sostuvo que la notificación no fue realizada de manera correcta.
Sin embargo, desde el Tribunal Supremo de Justicia rechazaron esos planteos y afirmaron que el procedimiento fue válido.
El vocal Grover Mita explicó que la legislación boliviana contempla tanto notificaciones presenciales como digitales y aseguró que el tribunal informó debidamente día y hora de la audiencia.
La Fiscalía boliviana aseguró que cuenta con más de 170 pruebas para avanzar con el juicio oral contra el exmandatario.
La causa comenzó en 2020, cuando se difundieron imágenes y mensajes de texto entre Morales y la adolescente, con una diferencia de edad superior a 40 años.
