De esta forma, la Justicia evitó que el trámite escalara a la Corte Suprema y seguirá adelante con los trámites para que la ex mandataria devuelva al Estado Nacional 111 bienes de su familia y del empresario Lázaro Báez.
La medida judicial tiene como objetivo recuperar una suma de $ 685.000 millones, cifra que representa el perjuicio total por la maniobra defraudatoria. Esta resolución de 14 páginas confirma el criterio aplicado originalmente por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) en noviembre del año pasado.
El monto fue actualizado tras determinarse que los nueve condenados deben responder de manera solidaria con sus respectivos patrimonios por los delitos cometidos entre 2003 y 2015. La Justicia busca así reparar el daño cometido a través de la estructura de fraude investigada en la obra vial pública.
De los 111 activos sujetos a ejecución, la gran mayoría son propiedad de Lázaro Báez, quien tiene 80 bienes bajo su titularidad. En segundo término se encuentra la familia Kirchner, con un total de 20 inmuebles afectados por la medida judicial.
Específicamente, se identificó una propiedad a título personal de Cristina Kirchner y otros 19 inmuebles que figuran a nombre de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
La decisión sobre el patrimonio de la exmandataria fue unánime entre los magistrados de la Sala IV.
Respecto a los bienes de los hijos de la ex presidenta, el juez Borinsky mantuvo una disidencia, aunque el voto mayoritario permitió avanzar con el decomiso.
El fallo otorga firmeza a la ejecución patrimonial de los activos muebles e inmuebles involucrados.
A pesar del fallo de Casación, la ex mandataria y sus hijos mantienen la posibilidad de recurrir en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No obstante, fuentes judiciales confirmaron que este proceso no detiene la ejecución de los bienes.
