El dictamen del Ministerio Público, que quedó circunscripto a la Procuraduría Investigaciones Administrativas (PIA), consideró que algunos pasos del proceso de licitación "merecen reproche administrativo y podrían derivar en consecuencias penales".
En ese sentido, señaló que si bien la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) aprobó los pliegos del concurso, el organismo judicial recibió "una serie de denuncias y/o presentaciones en las cuales se señalaban irregularidades del procedimiento y los pliegos licitatorios" provenientes de organizaciones ambientalistas, integrantes de consorcios portuarios e incluso una de las firmas participantes.
