La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario expresó su rechazo al proyecto de reforma presentado por el Poder Ejecutivo santafesino bajo el nombre “Herramientas para el fortalecimiento de la Seguridad Pública”.
A través de un comunicado público, la entidad advirtió que la iniciativa implica un retroceso en garantías constitucionales y cuestionó el otorgamiento de mayores facultades a fiscales y fuerzas policiales.
Según señalaron, la propuesta “menoscaba reglas básicas de enjuiciamiento penal” y afecta principios vinculados a la división de poderes y al control judicial.
En el documento, los abogados sostuvieron que la reforma “retrotrae la evolución legislativa y jurisprudencial de la Provincia de Santa Fe de los últimos 30 años”.
La entidad recordó que desde febrero de 2014 rige en Santa Fe un sistema procesal acusatorio en el que los fiscales investigan y los jueces tienen la función de garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos, con la oralidad como eje central del proceso penal.
Entre los puntos más cuestionados del proyecto, los penalistas mencionaron la ampliación de atribuciones para las fuerzas policiales y la posibilidad de que fiscales adopten medidas que actualmente requieren intervención judicial.
En ese sentido, alertaron sobre allanamientos sin orden de un juez, restricciones de la libertad dispuestas “sin contralor judicial” y flexibilizaciones en la exclusión de pruebas obtenidas por procedimientos policiales.
Además, manifestaron preocupación por la posibilidad de limitar el acceso inmediato a la defensa legal durante las primeras etapas de una investigación penal.
“Privarle a un ciudadano de contar con un asesoramiento legal en los primeros momentos de una persecución penal es retrotraerse a épocas nefastas de nuestra historia constitucional”, afirmaron.
Otro de los cuestionamientos apuntó a las herramientas de vigilancia y control previstas en la iniciativa.
Desde la asociación advirtieron sobre una posible “intromisión preventiva” en comunicaciones, dispositivos tecnológicos e intimidad de las personas sin una causa judicial previa.
En el tramo final del comunicado, la entidad sostuvo que varios artículos del proyecto podrían derivar en planteos de inconstitucionalidad ante tribunales provinciales, nacionales e internacionales. También remarcaron que “ningún Código Procesal Penal de las provincias” contempla medidas similares en materia de restricción de garantías.
“La seguridad pública no puede construirse a costa de los derechos fundamentales”, plantearon los abogados, quienes además reclamaron la apertura de un debate amplio con participación de todos los actores del sistema judicial antes de avanzar con modificaciones legislativas de esa magnitud.
Finalmente, la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario exhortó al Gobierno provincial a “rediseñar” el proyecto y se puso a disposición para colaborar en la elaboración de normas “bajo parámetros constitucionales”.
