Su caso, que ha sido mencionado en otras oportunidades en este medio como ejemplo del deterioro progresivo de las condiciones de vida de los jubilados, es uno en casi dos millones: a la pregunta sobre cuántos afiliados dejaron de acceder de manera automática a la cobertura plena de medicamentos y pasaron a depender de un subsidio social o de trámites de excepción, el Gobierno respondió ante el Congreso que “se estima que alrededor de 2,2 millones de afiliados se encuentran imposibilitados de acceder al subsidio por razones sociales por no cumplir con la Resolución 2026-428 del organismo”.
Según sus cálculos, de esos 2,2 millones, 1,6 millones eran afiliados que usualmente consumían estos remedios.
Para Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, la cantidad real de personas que habitualmente necesita de esos medicamentos es imposible de medir.
“Se trata de un universo móvil, no hay un número estático sobre cómo evoluciona, porque son tratamientos en general de corta estadía. Hay medicamentos para hacer quimio, rayos, que después cambian conforme avanza el tratamiento. Hay drogas de mantenimiento, hay drogas de mantenimiento que no se las considera oncológicas, otras que sí”, explicó.
“Es un gran caos y una gran mentira. El gran mentiroso es PAMI, siempre”, opinó.
La justificación del Gobierno en su informe a la legislatura sobre este nuevo esquema de cobertura, como en todas las respuestas que refieren a un ajuste en los números, fue que las medidas están orientadas a “garantizar la sostenibilidad del sistema”.
La resolución en la que se sustentan estos números fue aprobada en febrero de este año: aunque en el documento que presentó el jefe de Gabinete Manuel Adorni no se lo explicite, es producto de un acuerdo en una de las tantas causas penales y civiles que se le iniciaron al Gobierno para que restituya la cobertura del 100%.
Sin embargo, esa resolución responde a un solo caso: no al total, que sigue demandando al Estado por incumplimiento de las órdenes de la Justicia. Uno de ellos, de hecho, fue el que hizo extensivo el fallo a todos los afiliados del país, en octubre de 2025.
La cautelar continúa vigente y sin cumplirse desde entonces, por lo que acumula multas diarias impuestas a funcionarios provinciales y nacionales de la institución.
Carlos Vicente, uno de los querellantes por APDH.
La cautelar que hizo extensiva a todo el país obliga al PAMI a restituir el programa Vivir Mejor, que garantizaba la cobertura automática del 100%. Aclaró que no es eso lo que se aprobó en esta resolución, y que el resto de las causas por incumplimiento de las cautelares y contra las autoridades del PAMI siguen su curso.
“Se están tramitando. Las de Tucumán y Córdoba están avanzadas, ya hay una imputación”.
Vicente remarcó que el programa Vivir Mejor “no se ha vuelto a poner en vigencia, y eso es lo que no cumple PAMI” y que la resolución aprobada en febrero como parte de uno de los tantos juicios y demandas que tiene el PAMI no es aplicable al resto de los casos. Lo que se presenta como una resolución de las denuncias por parte de la obra social, concluyó, “es una maniobra clara para confundir y para no cumplir”.
En el mismo sentido, Semino explicó que el comportamiento del PAMI “sigue siendo errático: no hay cumplimiento efectivo de las cautelares”. Mientras tanto, como Graciela, “la gente ve cómo ir solucionando su tema directamente o ya bajó los brazos”. En cuanto a la resolución de febrero, el gerontólogo afirmó que fue aprobada “para no cumplir la demanda judicial”.
