Subraya la entidad empresarial que las propuestas del organismo financiero tienen como denominador común que "recaen sobre los asalariados, los pequeños contribuyentes y el consumo doméstico".
En virtud de ello, plantean que se tratan de "reformas regresivas que reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y encarecen la formalidad para los sectores de menores ingresos, sin tocar ninguno de los impuestos distorsivos estructurales que verdaderamente frenan la inversión, la producción y el empleo formal en la Argentina".
La CAME alerta que el FMI ignora por completo en su diagnóstico el nivel de tributación subnacional, que, según la entidad, "es donde reside el nudo fiscal más dañino para la actividad económica: el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas retributivas de servicios municipales".
A partir de lo planteado, la entidad propone la convocatoria urgente de un Nuevo Consenso Fiscal entre el Gobierno nacional y las provincias; y a su vez entre los gobiernos provinciales y los municipios; que tenga como eje central la reforma estructural del sistema tributario subnacional.
Subraya la CAME que el Nuevo Consenso Fiscal debe incluir el compromiso de eliminar el impuesto de Ingresos Brutos en las etapas intermedias de producción, "reservando su aplicación exclusivamente a la etapa de venta final al consumidor —un modelo similar al del IVA—, lo que eliminaría el efecto cascada y haría innecesarios gran parte de los regímenes de retención actuales".
Asegura la entidad que esta reforma no implica perder recaudación provincial, sino "trasladar la base imponible hacia donde la carga es económicamente razonable, mejorando la competitividad del sector productivo sin afectar los recursos fiscales de las jurisdicciones".
Asimismo, afirma que "la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral debe convertirse en el organismo ejecutor del Nuevo Consenso Fiscal", con facultades para homologar los padrones de agentes de retención y percepción, validar los coeficientes de distribución por actividad y fiscalizar el cumplimiento de los plazos de devolución por parte de las jurisdicciones; ya que "es el único instrumento con legitimidad para coordinar la acción tributaria de 24 jurisdicciones sin necesidad de reformas constitucionales".
En resumen, cuestiona el planteo del FMI al subrayar que "reducir el poder adquisitivo de los trabajadores mediante mayor retención de Ganancias no genera un solo puesto de trabajo, no reduce la informalidad, no mejora la competitividad de ninguna empresa y no ataca ninguno de los distorsivos que frenan la inversión productiva"; sino que, por el contrario, "contrae la demanda interna, erosiona el consumo y reduce las bases imponibles provinciales y municipales, generando el círculo vicioso que la Argentina necesita romper".
