El proyecto que aún no fue oficializado prevé dos alternativas, realizar una contribución no reembolsable de alrededor de US$ 500.000 o adquirir bonos soberanos sin cupón por aproximadamente US$ 1 millón, con el propósito de generar una nueva fuente de ingreso de divisas para el país.
La propuesta forma parte de la estrategia oficial para captar capitales extranjeros mediante medidas de desregulación y apertura económica.
En este caso, el Gobierno busca incorporar un mecanismo utilizado por un número reducido de países, que consiste en ofrecer la ciudadanía como contraprestación a una inversión significativa.
La iniciativa surge en un contexto en el que la Argentina continúa sin recuperar el acceso pleno al financiamiento voluntario en los mercados internacionales tras la reestructuración de la deuda de 2020 y enfrenta importantes compromisos de pago en los próximos años.
En ese escenario, el programa aparece como una alternativa para fortalecer el ingreso de dólares y complementar otras herramientas de financiamiento.
De concretarse, la Argentina se incorporaría al grupo de países que implementan los llamados «pasaportes dorados», un sistema mediante el cual personas de alto patrimonio pueden acceder a la ciudadanía a cambio de inversiones o aportes económicos.
Uno de los principales atractivos del esquema sería el valor internacional del pasaporte argentino, que permite el ingreso sin visa a numerosos destinos y podría resultar de interés para empresarios e inversores que buscan diversificar su residencia o ampliar sus posibilidades de movilidad internacional.
El diseño preliminar del programa contó con el asesoramiento de consultoras especializadas en ciudadanía por inversión.
Entre ellas figura Arton Capital, firma fundada por Armand Arton, quien sostuvo que el esquema argentino tendría ventajas frente a otros programas similares debido a la ausencia de requisitos estrictos de residencia y a una menor carga tributaria para los futuros ciudadanos.
Según los impulsores del proyecto, estas características podrían atraer especialmente a inversores de Estados Unidos y Europa interesados en contar con una segunda ciudadanía ante escenarios de incertidumbre política, cambios impositivos o conflictos internacionales.
En ese contexto, también fue mencionado el caso del empresario tecnológico Peter Thiel, cofundador de Palantir, quien trasladó temporalmente a su familia a la Argentina.
Personas cercanas al empresario señalaron que parte de esa decisión estuvo vinculada al interés por seguir de cerca las reformas económicas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, un ejemplo que desde el sector privado presentan como una señal del potencial atractivo del país para inversores internacionales.
Aunque el Ministerio de Economía evitó hacer comentarios oficiales sobre la iniciativa, el proyecto ya genera debate sobre los límites entre la nacionalidad y las políticas de atracción de inversiones, al convertir el acceso a la ciudadanía en una herramienta para captar recursos financieros.
