La localidad de Arribeños atraviesa una crisis social y económica sin precedentes tras la decisión de la multinacional Cargill de suspender por completo las operaciones en su planta de acopio, una instalación con más de 25 años de trayectoria.
El cese de actividades dejó a 30 familias en la calle y afectó a toda la cadena productiva de la región, incluyendo mecánicos, comercios y proveedores de insumos del distrito.
La paralización comenzó el 3 de julio de 2026 y la empresa advirtió que se mantendrá «hasta que existan garantías de seguridad».
El eje de la disputa se centró en la denuncia de los fleteros contra un representante de la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (CATAC), a quien acusan de operar como un nexo forzoso para la realización de los traslados sin brindar un servicio logístico real.
En declaraciones a medios locales, Cristian Cardozo, vocero de los afectados, sostuvo: «Este personaje operaba como intermediario sin un contrato activo ni un servicio logístico real.
Las 30 familias fleteras decidieron abrirse de esa persona porque sufrían condiciones desfavorables, pero al hacerlo se quedaron automáticamente sin trabajo».
La denuncia más grave apunta a la exigencia de un esquema de comisiones irregulares. Los choferes sostienen que se les imponía el pago de un 3% «en negro» sobre el valor de cada carga para poder trabajar.
Ante la negativa de los transportistas de convalidar estas condiciones informales, la respuesta de la empresa y del esquema de intermediación fue la interrupción total de las asignaciones de flete. Desde la cúpula de CATAC, su presidente Ramón Jatip negó de manera contundente las acusaciones y afirmó que los transportistas «se fueron voluntariamente».
