La exmandataria sostuvo que su caso constituye una grave vulneración de derechos fundamentales, denunció una utilización política del Poder Judicial y afirmó que la democracia no puede reducirse únicamente al acto de votar.
La publicación se conoció luego de que su equipo de abogados oficializara la presentación de una Comunicación Individual ante el organismo internacional.
Según explicó la ex presidenta, la intención es que el proceso judicial que culminó con su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos sea analizado a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
En el inicio de la carta, Cristina afirmó que enfrenta una campaña de persecución política y aseguró que las resoluciones judiciales dictadas en su contra buscan afectar a un proyecto político más que a su persona.
"Hoy me dirijo a cada argentina y a cada argentino con la serenidad de quien sabe que la verdad tiene una fuerza que ninguna operación política, ninguna campaña de difamación y ninguna sentencia injusta podrán derrotar para siempre", expresó.
La exvicepresidenta repasó su trayectoria política y sostuvo que dedicó su vida al servicio del país.
En ese contexto, afirmó que la ofensiva judicial que denuncia tiene como destinatario "un proyecto político" y, por encima de todo, "la voluntad soberana del pueblo argentino".
Uno de los ejes centrales del documento está relacionado con la perspectiva de género.
Cristina aseguró que durante el proceso judicial fue víctima de un "machismo estructural" presente en sectores del sistema judicial argentino y consideró que fue juzgada no solo por sus decisiones políticas, sino también por su condición de mujer.
"Durante años se ha pretendido juzgarme no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer, por haber ejercido el liderazgo político con firmeza y por no haber aceptado jamás los privilegios de quienes siempre creyeron que el poder les pertenecía exclusivamente a ellos", sostuvo.
En ese mismo sentido, recordó el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022 y vinculó ese episodio con el clima de hostilidad que, según planteó, se generó alrededor de su figura.
La expresidenta insistió en que el verdadero objetivo de la condena es impedirle competir nuevamente por cargos públicos.
"La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria. Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas", afirmó.
Además, remarcó que esa situación no afecta únicamente sus derechos individuales, sino también los de quienes desean votarla.
"La proscripción de un dirigente político nunca termina afectando solamente a ese dirigente. En realidad, constituye una violación de los derechos políticos de cada argentino y de cada argentina. Por eso cuando se manipulan los tribunales para excluir adversarios políticos, se le arrebata al pueblo el derecho de decidir su propio destino", señaló.
También sostuvo que este tipo de situaciones no son exclusivas de la Argentina y aseguró que existe una tendencia internacional a utilizar los sistemas judiciales como herramientas para desplazar dirigentes con respaldo electoral.
"Cambian los países, cambian los nombres, cambian las circunstancias, pero el método es el mismo: convertir al Derecho y al Sistema de Justicia en un arma política para eliminar adversarios que no pudieron ser derrotados por el voto", escribió.
