Señaló que la cifra de 107 radares en Santa Fe contrasta con la de otras provincias: Catamarca tiene 2, Corrientes 3 y Buenos Aires 15. Para Mussio, al tratarse de radares no autorizados implica, en los hechos, que las multas generadas por esos dispositivos quedan invalidadas.
El edil libertario definió como una «voracidad fiscal del Estado provincial y municipal, que buscan nuevas formas de recaudación ante los límites de la presión impositiva existente».
Además de la cuestión legal, remarcó que se trata de un riesgo vial concreto, ya que la instalación de un radar constituye un obstáculo en la ruta que podría derivar en un siniestro, sin que esté claro quién asumiría la responsabilidad en ese caso».
