Al anunciar la propuesta, la legisladora defendió la medida a través de sus redes sociales con la frase «¡Nada es gratis!».
Según explicó, el objetivo es que las prestaciones del sistema público sean financiadas por quienes no residen en el país, al considerar que la salud pública provincial «es sostenida con el esfuerzo de todos los santafesinos».
El proyecto establece que el cobro alcanzará únicamente a los residentes transitorios y residentes precarios en Argentina que provengan de países sin convenios bilaterales de asistencia recíproca.
En esos casos, los pacientes podrán acceder a la atención mediante la presentación de un seguro de salud. Si no cuentan con esa cobertura, deberán abonar el costo de la prestación antes de recibir el servicio.
La iniciativa aclara que la atención de urgencias y emergencias no podrá ser negada ni restringida, independientemente de la situación migratoria del paciente.
En esos casos, el Estado provincial garantizará la asistencia y luego podrá reclamar el pago de los gastos correspondientes.
Además, el texto propone que el Ministerio de Salud de Santa Fe sea el encargado de fijar y actualizar periódicamente los aranceles para cubrir el costo total de las prestaciones.
También invita a los municipios y comunas de la provincia a adherir a la futura ley para aplicar el mismo criterio en los efectores de salud bajo su órbita.
