Los fiscales generales de distintos estados acusaban a la compañía de haber desarrollado herramientas y funciones destinadas a incrementar el tiempo que los menores permanecían conectados, pese a conocer los posibles efectos negativos de ese comportamiento.
La cifra convierte al acuerdo en uno de los más importantes alcanzados por Meta frente a reclamos vinculados con la seguridad de los usuarios jóvenes.
El monto puede llegar a casi US$17.000 millones, aunque la cantidad final dependerá del cumplimiento de determinadas condiciones previstas en el pacto.
Las autoridades estatales sostenían que Facebook e Instagram habían sido diseñados de manera deliberada para captar y retener la atención de los usuarios más jóvenes.
Entre los cuestionamientos aparecían las notificaciones, los sistemas de recomendaciones y otras herramientas destinadas a prolongar la permanencia dentro de las plataformas.
Los fiscales también acusaban a Meta de haber minimizado los riesgos que podían representar sus servicios para los menores y de haber recopilado información personal de chicos menores de 13 años sin cumplir adecuadamente con las normas de protección correspondientes.
El acuerdo, sin embargo, no significa que Meta admita responsabilidad. La compañía rechazó las acusaciones y sostuvo que decidió resolver el conflicto para evitar los costos y la incertidumbre asociados a un juicio que podía extenderse durante años.
