La iniciativa fue presentada por el senador del departamento Vera, Osvaldo Sosa, y ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados para definir si finalmente se convierte en ley.
El proyecto alcanza al gobernador y vicegobernador, ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y autoridades de ambas Cámaras, integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de miembros de organismos de control.
Según los fundamentos de la propuesta, los controles buscan constituir una herramienta de prevención del consumo de sustancias ilegales, pero también fortalecer la transparencia, la integridad institucional y la confianza de la ciudadanía en los funcionarios públicos.
Los exámenes serán obligatorios y gratuitos y deberán realizarse dentro de los 30 días posteriores a la asunción de cada funcionario.
Además, el proyecto establece que deberán efectuarse al menos una vez por año, junto con controles aleatorios mediante sorteo. También podrán realizarse estudios cuando existan denuncias fundadas.
El procedimiento deberá respetar la confidencialidad y dignidad de las personas examinadas, garantizar el derecho a defensa y asegurar la correspondiente cadena de custodia de las muestras.
La iniciativa también contempla que otros agentes públicos provinciales que no estén incluidos entre los cargos obligados puedan acceder voluntariamente a los controles.
