La resolución judicial se enmarca en los avances de la Justicia sobre la recuperación de 685.000 millones de pesos fijados como el monto del perjuicio patrimonial al Estado por las maniobras de corrupción con la obra pública.
Esta medida no implica un remate inmediato de las propiedades ni altera la titularidad de los bienes, sino que establece su indisponibilidad jurídica para evitar transferencias o gravámenes mientras se define el decomiso final, según remarcó el Tribunal en su resolución.
