La resolución fue dictada a partir de un amparo presentado por la Senadora provincial Leticia Di Gregorio contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad vial y libre circulación.
El magistrado consideró acreditado el incumplimiento de los deberes mínimos de conservación y mantenimiento de los corredores nacionales. En ese sentido, describió especialmente la situación de la Ruta Nacional 33, donde se registran “importantes grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos” que implican “un gran riesgo para la seguridad e integridad de los usuarios”.
Además, el propio organismo vial había reconocido la gravedad de la situación. Según consta en el expediente, la DNV había señalado en una nota interna que “el estado de la ruta necesita de manera urgente intervención”.
A partir de ese diagnóstico, se había licitado una obra a la empresa Rovial S.A. Sin embargo, el juez indicó que los trabajos se limitaron a bacheos parciales y posteriormente quedaron paralizados por falta de partidas presupuestarias.
Asimismo, se realizaron tareas de bacheo en frío entre Venado Tuerto y Murphy, aunque fueron consideradas “insuficientes” frente al estado general del corredor.
Por otra parte, la sentencia cuestionó el mantenimiento de las rutas nacionales 7 y 8 y apuntó contra Corredores Viales S.A., la empresa concesionaria de ambos corredores.
Respecto de la Ruta 7, el juez sostuvo que no se encontraba acreditado que se hubieran realizado “obras y/o tareas de mantenimiento sostenidas en el tiempo sobre la totalidad del tramo” correspondiente al departamento General López.
En tanto, la situación de la Ruta 8 también fue considerada deficiente.
La Dirección Nacional de Vialidad había labrado 55 actas por incumplimientos contractuales y, según el fallo, la empresa solo pudo acreditar trabajos entre los kilómetros 359 y 362. Para el magistrado, esa intervención “no alcanza” para cubrir las necesidades de seguridad vial de todo el corredor.
Asimismo, Cuello Murúa rechazó el argumento de que las obligaciones de la concesionaria no contemplaban tareas de repavimentación. Por el contrario, señaló que debía garantizar “la mejora, reparación y mantenimiento” de la ruta.
