La iniciativa, impulsada por el concejal Leonardo Caruana, plantea utilizar inmuebles ociosos, abandonados, subutilizados y decomisados para ampliar la oferta de viviendas a valores accesibles.
Entre los inmuebles que podrían incorporarse aparece un edificio ubicado en Buenos Aires 1063, que cuenta con tres pisos y 27 departamentos y fue decomisado por el gobierno provincial en el marco de una causa de fraude inmobiliario.
Según los fundamentos del proyecto, esa propiedad podría convertirse en una prueba piloto para poner en funcionamiento el régimen.
La propuesta parte de considerar que el acceso a una vivienda adecuada no debería depender exclusivamente de las condiciones del mercado.
En ese sentido, plantea recuperar la función social de inmuebles que actualmente no tienen uso habitacional y destinarlos a familias que enfrentan mayores dificultades para acceder a un alquiler.
