Este miércoles un plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía y Legislación General postergó su definición una semana más, por orden de La Libertad Avanza.
El Súper-RIGI es una versión ampliada del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sancionado en 2024. Apunta a capitales de gran escala —a partir de US$1.000 millones— en sectores sin desarrollo previo en el país, como litio, baterías, hidrógeno, GNL, energías renovables y sector aeroespacial.
Una de las inversiones clave que el Gobierno busca atraer es la de data centers. A cambio, ofrece beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales —entre ellos una alícuota de Ganancias del 15%, frente al 25% del RIGI vigente y el 35% general— junto con garantías de estabilidad normativa por 30 años.
Las dos modificaciones que el oficialismo terminó aceptando apuntan a los reclamos que venían planteando PRO y la UCR desde las primeras reuniones informativas.
La primera obliga a las empresas que instalen centros de datos a construir sus propias subestaciones eléctricas, con el objetivo de mitigar el riesgo de interrupciones en el suministro.
La segunda incorpora un plan de desarrollo de proveedores locales, con un compromiso de contratación de bienes, servicios y obras nacionales equivalente, como mínimo, al 20% del monto total de la inversión.
También se sumó como objetivo explícito del régimen el incentivo al desarrollo de nuevas capacidades técnicas, científicas y tecnológicas.
La concesión llega después de varias semanas de tironeo, que ahora se estirará al menos siete días más. A fines de agosto, los bloques aliados habían planteado reclamos más ambiciosos —extender los beneficios a industrias ya instaladas en el país y exigir inversión en obra pública vial— que el oficialismo rechazó de plano.
La Libertad Avanza buscaba, incluso, cerrar el dictamen sin cambios hacia el 26 de agosto. La negociación se destrabó recién con una versión acotada de esos pedidos, centrada en los data centers y en el contenido nacional de las inversiones.
Por su parte, la UCR había impulsado además un régimen complementario para inversiones menores, desde 12 millones de dólares, que no forma parte de los cambios finalmente incorporados.
