La norma modifica el Código de Convivencia provincial y fue sancionada el 17 de septiembre, luego de varios meses de debate legislativo.
La nueva normativa establece que quienes desarrollen estas actividades sin autorización y en lugares donde estén prohibidas por las normas municipales podrán recibir entre 2 y 10 días de trabajo comunitario, además de una prohibición de concurrir al lugar donde se cometió la infracción.
En caso de reincidencia, se contempla un arresto de entre 10 y 20 días. Las sanciones se agravan cuando existen violencia o amenazas, o cuando la actividad se desarrolla en zonas de estacionamiento tarifado o en las inmediaciones de eventos masivos, entre otros casos.
La ley también incorpora nuevas herramientas para el control de estas situaciones y contempla la intervención de municipios y fuerzas de seguridad ante actividades no autorizadas.
La iniciativa había sido aprobada originalmente por el Senado, luego modificada por Diputados y finalmente volvió a la Cámara alta, que este jueves insistió con el texto aprobado inicialmente y convirtió el proyecto en ley.
