Fuentes judiciales y empresariales, la compañía inició formalmente el proceso y la causa tramita ante el Juzgado Comercial N°21, Secretaría N°42, de la Justicia Nacional en lo Comercial.
La presentación se produce después de más de un año de crisis financiera, ajuste industrial y negociaciones con acreedores que no lograron encontrar una salida para la situación del grupo.
Y tiene un peso especial dentro del holding: primero fue Wade la sociedad que recurrió a la Justicia y ahora llegó el turno de Granja Tres Arroyos, la empresa madre y principal compañía del grupo.
Wade, la sociedad utilizada por el grupo para quedarse con los activos de la ex Cresta Roja, había presentado su propio pedido de concurso preventivo pocos días antes.
Ahora, la llegada de Granja Tres Arroyos a los tribunales lleva la crisis al corazón del holding construido durante décadas por la familia De Grazia.
La magnitud de la compañía permite dimensionar el impacto de la decisión. Granja Tres Arroyos emplea a unas 6.500 personas y durante su etapa de mayor expansión llegó a operar ocho plantas de faena en la Argentina y Uruguay.
El grupo concentró más del 20% de la producción avícola nacional y destinaba alrededor del 35% de su volumen a los mercados externos.
Ahora, además, enfrenta una fuerte presión sobre su caja.
Solo Granja Tres Arroyos acumula más de 5.700 cheques rechazados por más de $91.800 millones, mientras que su deuda bancaria supera los $32.600 millones. A ese cuadro se agregan ocho pedidos de quiebra que, según la información judicial. Mientras que a nivel del grupo también se acumularon cheques rechazados en Wade y Avex.
Los últimos datos disponibles para esas sociedades mostraban 690 cheques rechazados por unos $7.955 millones en Wade y otros 755 por aproximadamente $7.300 millones en Avex.
El paso a la Justicia marca el fracaso de la estrategia que el grupo había intentado sostener durante los últimos meses para evitar justamente un proceso concursal.
La propuesta contemplaba una reestructuración de u$s350,9 millones, con quitas de hasta el 75%, plazos de pago de hasta siete años, la incorporación de nuevos inversores y la venta de activos considerados no estratégicos.
La negociación no logró avanzar. Mientras se trababa el acuerdo, las distintas sociedades del grupo acumularon cheques rechazados, reclamos judiciales, pedidos de quiebra y conflictos laborales. En paralelo, la compañía avanzó con el cierre y la concentración de operaciones y redujo su estructura productiva.
