Aleart cuestionó los controles municipales sobre los choferes que trabajan con estas aplicaciones. Según las cifras que expuso el edil, las multas pueden alcanzar casi $2,5 millones y alrededor de 2.000 vehículos por año terminan en el corralón.
El concejal también afirmó que durante algunos procedimientos se les pide a los pasajeros que muestren sus teléfonos para comprobar si solicitaron un viaje mediante una aplicación.
El edil libertario cuestionó esa práctica y planteó que el municipio debería establecer reglas para una actividad que ya funciona en la ciudad. “La gente optó por las aplicaciones de movilidad”, señaló Aleart.
A su juicio, la regulación permitiría dar previsibilidad a los conductores y mantener la posibilidad de que los usuarios elijan cómo trasladarse.
La Libertad Avanza anticipó que seguirá reclamando el tratamiento de su iniciativa en el Concejo. El proyecto apunta a crear un marco regulatorio para el funcionamiento de Uber, DiDi y otras plataformas de movilidad en Rosario.
