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Por disidencias internas, el oficialismo postergó una semana el tratamiento de la reforma de Seguridad

 




El oficialismo provincial no logró cerrar un acuerdo interno para avanzar con la reforma de seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y postergó por una semana su tratamiento en la Cámara de Diputados de Santa Fe. 

Las diferencias dentro de Unidos, especialmente con sectores del socialismo, impidieron consensuar un dictamen para darle media sanción al proyecto denominado Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública. 

La sesión comenzó cerca de las 16, después de una mañana marcada por las negociaciones, pero rápidamente pasó a un cuarto intermedio. Ante la falta de consenso, el oficialismo resolvió solicitar una nueva preferencia para tratar la iniciativa dentro de siete días. 

En cambio, los legisladores aprobaron la ley de intervención de mercados ilícitos de celulares, otra de las propuestas vinculadas con la política de seguridad provincial. El diputado radical José Corral defendió esa iniciativa y sostuvo que se trata de “herramientas necesarias para seguir avanzando en el combate del delito”. 

El proyecto pendiente fue enviado por el Poder Ejecutivo en mayo y propone modificaciones en distintas normas relacionadas con la investigación penal, las facultades de la Policía y los fiscales, y el régimen penitenciario. 

Uno de los puntos más controvertidos es la ampliación de los supuestos que permiten realizar allanamientos sin autorización judicial previa, especialmente en procedimientos vinculados con armas y la localización de teléfonos robados. 

Las diferencias dentro de Unidos se concentran en el alcance de esas nuevas atribuciones y los mecanismos de control sobre la actuación policial. 

También genera discusión el endurecimiento de las condiciones de detención para presos considerados de alta peligrosidad, con la posibilidad de establecer períodos de aislamiento sin visitas. 

 Durante el debate se incorporaron observaciones de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa, los colegios de abogados de Santa Fe y Rosario, especialistas en derecho penal y organizaciones civiles. 

Los cuestionamientos apuntan, principalmente, a los límites de las facultades policiales y fiscales y a las garantías constitucionales que deben resguardarse durante las investigaciones penales.


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